Por Diana Sacayán
Más allá de la tendencia que tenemos a creernos los mejores, esta ley de identidad redactada en la mesa de la militancia travesti y trans resulta superior a legislaciones vigentes en otros países, y ya es considerada una de las mejores políticas públicas con perspectiva de derechos humanos.
Y sí, es la mejor ley de identidad de género de la que se tenga registro. Basta con mirar la ley de Uruguay, con su criterio patologizante que obliga a reconocerse como unx enfermx. Tanto la ley uruguaya como la española exigen pasar por un proceso de hormonización durante dos años para poder acceder a los beneficios. La nuestra no: nadie va a ser obligado a tomar hormonas, ni hay que reconocerse en enfermxs, ni pasar por un proceso psiquiátrico. Casi todas las travestis vivimos en la pobreza, padecemos la falta de acceso a la educación, a la salud. Por eso se hizo hincapié en este punto de que el trámite no sea engorroso, burocrático. Es una ley que no sólo va a reconocer al nombre como pilar de la identidad. La identidad está constituida por muchos más elementos. A mí, por ejemplo, me identifica vivir en Laferrère, tener una identidad atravesada por la miseria. O recursos a los que la mayoría de las travestis recurrimos cuando tuvimos la necesidad de adecuar nuestro cuerpo a nuestra identidad de género, como aplicarnos silicona industrial. Esta ley vino a resarcir nuestros derechos negados: a la salud, a la tecnología biomédica, etcétera.
Nuestra comunidad ha atravesado una vida de persecución y hostigamiento no sólo durante la dictadura militar sino cuando fuimos víctimas de los códigos contravencionales en democracia, que sirvieron de herramientas para castigar y encarcelar a travestis en situación de prostitución. El Estado, hasta ahora, no había hecho nada para garantizar cuestiones básicas como que podamos acceder a la educación y la salud. Esto es hablar de derechos humanos, es poder hacer una articulación desde la sociedad civil y el Estado, y sentarnos en la mesa a pensar, redactar e idear políticas de inclusión para el colectivo travesti, transexual y transgénero. Esto no viene solo, también hemos avanzado junto al Ministerio de Trabajo en estrategias para darle a nuestra comunidad alternativas a la prostitución. Esto es un proceso global y hubiese sido imposible si nuestro movimiento no se hubiera politizado, si no hubiéramos entendido desde el primer momento que nuestros reclamos no son parte de los derechos civiles sino humanos. A diferencia del Matrimonio Igualitario, esta ley junto a la de despenalización del aborto son derechos humanos porque están en juego la vida, en un contexto de una agenda política favorable para realizar estos avances.
En estos días estoy colmada de emociones. Me vienen a la mente recuerdos tremendos de persecución y maltrato, incluso en plena democracia, pero que van a pasar a convertirse en parte del pasado oscuro. Corrimos demasiados riesgos abandonadas en las calles y en las cárceles. ¿Quién puede no asombrarse del abandono de una niña de trece? ¿Quién no se conmueve con que haya niñas travestis prostituyéndose, cambiando sexo por un poco de sandwich? Y sin embargo, todo eso sucedió. La sociedad y sus funcionarios hicieron la vista gorda. Hoy, toda la alegría de tener por fin la ley no puede despegarse del recuerdo de las noches frías en los calabozos y de tantas muerte evitables. Para todas ellas va dedicada esta ley, este acto de justicia.
